ABC.-25/4/13. N.Villanueva. Los juzgados españoles instruyen en estos momentos 1.661 causas relacionadas con delitos de corrupción política y financiera. Forman parte de los 2.173 procedimientos de especial complejidad que se tramitan en los tribunales. Así lo ha asegurado la portavoz del Consejo General del Poder Judicial, Gabriela Bravo, que en una rueda de prensa posterior al Pleno del órgano de gobierno de los jueces, ha adelantado un informe provisional sobre las necesidades que tienen los juzgados que tramitan causas de corrupción.
Bravo ha señalado que, aunque no sean definitivos, el Consejo ha querido hacer públicos estos datos por la «preocupación» y la alarma social que genera este tipo de delitos que, no obstante, ha dicho, solo representan un 0,03 por ciento del total que ingresan en la jurisdicción penal. Bravo no ha querido pronunciarse sobre la pugna en la Audiencia Nacional para no investigar el asedio al Congreso previsto para hoy al tratarse de una cuestión meramente jurisdiccional. Sí lo ha hecho, sin embargo, sobre los acosos a políticos, de los que ha dicho que hay que ponderar siempre el derecho a la libertad de expresión con otros derechos como la intimidad, no sólo del afectado en cuestión, sino también «colateral», en referencia a los familiares de los políticos que han soportado estos avisos en la mayor parte de los casos en presencia de sus familiares. Respecto a las declaraciones del presidente del Tribunal Supremo y CGPJ sobre el derecho a manifestarse, Bravo ha sostenido que las palabras de Moliner se han descontextualizado, porque habló tanto de la vertiente de la libertad de expresión «siempre que no vulnere la integridad física de las personas». Foto Mikel Ponce
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